Continúa el debate sobre el Comité Provincial contra la Tortura

 

La comisión de Asuntos Constitucionales retomó el tratamiento del proyecto de creación del Comité Provincial contra la Tortura.

 

Continúa en la Legislatura el tratamiento del proyecto de creación del Comité Provincial contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

 

El cuerpo que preside el diputado Mario Pilatti  recibió a representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de la Asociación Pensamiento Penal. En el encuentro, se avanzó en definiciones y visiones sobre algunos artículos del proyecto. Los diputados y las diputadas acordaron continuar trabajando con un nuevo texto el próximo martes.

 

Polémica por la composición del Comité

La  principal diferencia surgió por el artículo 13 que otorga a las organizaciones de Derechos Humanos las mismas atribuciones que al Comité.

 

¿Que dicen los organismos de Derechos Humanos?

Noemí Labrune aseguró que la Legislatura “tiene una deuda de 11 años”. Resaltó que quienes integren el Comité deben ser personas “que pongan el cuerpo todos los días”. Sostuvo que “tiene que existir una concepción humanista” para tratar a las personas que se encuentran detenidas.

El defensor penal  Fernando Diez, explicó no todos los jueces aceptan a las organizaciones de Derechos Humanos como querellantes. Recalcó que el reconocimiento por ley de esa posibilidad permitiría unificar criterios y sumar a la prevención de la tortura.

Fernando Diez defendió el artículo en discusión fundamentando la imposibilidad de las organizaciones de acceder sin restricciones a las unidades de detención. Propuso que se contemple una reglamentación razonable que permita el acceso de las organizaciones.

En tanto, el defensor federal Pablo Matkovich, recalcó que la Legislatura “tiene la oportunidad de saldar una deuda histórica”. Se pronunció además, a favor de “dejar abierta la posibilidad de reconocimiento a las organizaciones”.

 

¿Qué dice el MPN?

Desde el oficialismo, Pilatti afirmó que la participación de los organismos debe realizarse a través del Comité. Propuso incorporar  un integrante más a la conformación original que haga de nexo con el Poder Ejecutivo y provenga del área de Derechos Humanos.

De este  modo,  el Comité quedaría  compuesto por ocho integrantes y hasta cinco personas que cumplirán funciones administrativas. Cinco los designaría el Poder Legislativo a partir de postulantes propuestos por organizaciones de Derechos Humanos; dos por la primera fuerza con representación en la Legislatura y uno por la segunda fuerza.