Martínez: «Las reglas de juego para el sector hidrocarburífero deben ser estables»

 

El diputado nacional y candidato a renovar la banca por el Frente de Todos criticó la política energética del presidente  Mauricio Macri.

 

Darío Martínez aseguró que “el Gobierno nacional continúa generando incertidumbre a las empresas productoras, cambiando permanentemente las reglas como desde hace cuatro años, provocando un marco de incertidumbre que impacta en el nivel de actividad, en la marcha de los trabajos en curso y en los planes de inversión de toda la actividad petrolera”.

 

Martínez, que preside la comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Nación, sostuvo que “El Gobierno macrista pasó, de la noche a la mañana, de sostener el más puro dogma liberal, a un intervencionismo feroz. Viró absolutamente y en forma inconsulta, su política de precios de los combustibles, llevándose puestos los intereses de las provincias productoras, sus recursos financieros provenientes de las regalías, su estabilidad presupuestaria, poniendo en peligro el nivel de empleo del sector hidrocarburífero”.

 

“Paso de tener liberado el precio de los combustibles y de la energía en general, atándola al valor internacional del petróleo y al valor del dólar, a un congelamiento que impacta directamente sobre la producción” indicó el diputado.

 

Martínez agregó que “las condiciones de producción, y las reglas de juego para el sector hidrocarburífero, deben ser estables  a largo plazo y acordadas con las Provincias Productoras, para permitir simultáneamente alcanzar los objetivos de desarrollo y aumento de la producción, del autoabastecimiento energético, de la generación de saldos exportables crecientes y de precios compatibles con la puesta en marcha y el desarrollo de la economía nacional”.

 

Por último, el legislador señaló que “los cambios inconsultos, unilaterales y sorpresivos de las reglas de juego, como los que ha decidido permanentemente este Gobierno Nacional, solo generan inseguridad jurídica, retracción en la inversión, conflictos y demandas judiciales, y retracción en la actividad con su consiguiente impacto en los trabajadores, en las finanzas y en las economías de las provincias productoras”.