Parques Nacionales: investigadoras advierten sobre los riesgos del desembarco de servicios privados

Cuestionan el programa «Oportunidades Naturales», impulsado por la Secretaría de Turismo de la Nación y la Administración de Parques Nacionales.

 

Dicho programa  proyecta implementar servicios privados tales como «glamping», hotelería y restaurantes, entre otros, dentro de áreas naturales protegidas. El programa permitirá a inversores nacionales y extranjeros, mediante licitación abierta, explotar en forma exclusiva diferentes prestaciones turísticas por 30 años, exentos del pago de canon los primeros cinco años.

 

Al respecto, la Mg. Fabiana Quadrini y la Dra. Maria Daniela Rodríguez, investigadoras del Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS-CONICET-UNCo), advierten sobre los riesgos de la implementación de dicho programa y cuestionan si puede hablarse de “oportunidades naturales, teniendo en cuenta que beneficios privados no es lo mismo que interés público”. Además critican la “falta de un debate sobre cuál es el modelo de turismo para los parques nacionales, considerando una inversión planificada y favorable para los diversos actores que componen el entramado del turismo”.

 

El programa, fue presentado a fines del año pasado en Buenos Aires e incluye a 18 parques nacionales, de los cuales varios han manifestado su rechazo.  Al respecto, Quadrini señaló que “Dichos reclamos, están basados en la ausencia de un análisis ambiental técnico previo a la convocatoria pública, además de que la propuesta de las autoridades nacionales no reconoce las planificaciones estratégicas particulares de las áreas protegidas”.

 

Ambas investigadoras resaltan la importancia de la Ley N° 22.351, que rige para las áreas protegidas nacionales. En su artículo 6° determina que la instalación de Infraestructura privada para la prestación de servicios turísticos dentro del área sólo puede realizarse como medida excepcional (de no ser posible fuera del mismo) sobre la base de dos considerandos: en virtud de un interés general manifiesto y el análisis ambiental técnico que determine que no habría afectación sustancial del ecosistema del lugar.

 

Asimismo, Quadrini y Rodríguez afirmaron que no se tiene en cuenta la aplicación de Legislación Argentina respecto del Convenio 169 de la OIT, que obliga a los Estados a realizar consultas libres, previas e informadas a las Comunidades Originarias cuando vean afectado su territorio o intereses.

 

Cabe destacar que el proyecto ha generado rechazo y resistencia por parte de la población que habita dentro de los parques o en zonas aledañas. Un ejemplo aquí en la región, es la asamblea de trabajadores del Parque Nacional Lanín,, mientras que en el país se suman el PN El Impenetrable, en Chaco; Asambleas ciudadanas de los vecinos de Puerto Iguazú;  PN El Palmar, entre otros.

 

Ante este panorama, Quadrini y Rodríguez sostienen que la participación de la población que constituye el territorio no puede soslayarse en tiempos de avance de la frontera extractivista en los territorios, donde las áreas protegidas no son la excepción a la norma.  Y alertan sobre los siguientes interrogantes: ¿Quiénes son los inversores que pueden acceder a este proyecto? ¿A qué público está destinado el programa? ¿Qué modelo de desarrollo se refleja con esta acción?

 

Por otra parte, Rodríguez sostiene que, “Es importante que exista un trabajo conjunto entre el Estado y los inversores privados donde las actividades planificadas y los alojamientos proyectados, generen múltiples beneficios para las comunidades locales, para un adecuado desarrollo económico y social.

 

A lo que Quadrini agregó que “Ello, propiciaría, entre otros beneficios, el empleo de mano de obra local, integrando a prestadores turísticos, agencias de turismo receptivo y a lugareños que llevan adelante emprendimientos hoteleros, gastronómicos, prestaciones de servicios turísticos y venta de artesanías gestionadas por las comunidades originarias”.

 

Finalmente, ambas investigadoras consideran que las instituciones públicas educativas tienen la responsabilidad de debatir sobre estos temas que se relacionan con el futuro de la actividad turística e involucra las proyecciones y desarrollo de la sociedad en su conjunto.