El bloque de Libres del Sur presentó dos proyectos referidos a la disposición de residuos urbanos en la localidad de San Martín de los Andes.

 

Se trata de un pedido de informe dirigido a la municipalidad local sobre el estado de situación del basurero municipal, en particular el cercano al barrio Chacra 32; y de un pedido de informe remitido a la provincia en relación al proyecto de disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU) que se instalaría en Alicurá.

 

El pedido a la municipalidad de la ciudad lacustre consulta sobre el estado de situación del basurero municipal en general, al tiempo que busca conocer sobre el plan para realizar el traslado y la disposición final de los RSU –considerando que la capacidad del basurero está colapsada y aún no se encuentra habilitado el centro regional a tal fin de Alicurá–.

 

En tanto, el pedido de informe dirigido a la Subsecretaria de Ambiente de la provincia solicita la copia del estudio de Impacto Ambiental del centro regional de disposición final de RSU que se instalaría en Alicurá, y el estado de avance de las gestiones y obras de acondicionamiento del sitio en que se instalaría dicho centro.

 

Los fundamentos de ambas propuestas indican que la municipalidad de San Martin de los Andes está conminada por el Poder Judicial a cerrar el basural que tiene en el barrio Cordones del Chapelco. A mediados del 2017, –continúan los fundamentos– se dispuso el cierre definitivo del relleno sanitario ubicado en la periferia de esta ciudad una vez que se complete la Celda V en la que se depositan los residuos urbanos. La medida judicial se tomó considerando la cercanía del vertedero con el barrio Chacra 32, en el que residen unas 400 familias.

 

Ante este escenario, se planificó la instalación de un basurero regional en Alicurá. Para el traslado de los residuos, la municipalidad deberá acondicionar la basura previamente y adquirir camiones adecuados. Sin embargo, ya se comenzó a arrojar basura sin el tratamiento correspondiente previo y, además, el acopio se realiza fuera de la fosa en la que serían luego enterrados los residuos. En efecto, se dio intervención al Poder Judicial y, a la fecha, la provincia no puede arrojar residuos en el predio.