La Cámara de Diputados aprobó por mayoría la declaración Nº2552 que rechaza la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación.

 

La declaración rechaza “la  Resolución N°956/2018 emitida por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene como fin flexibilizar el uso de armas de fuego por parte de las Fuerzas Armadas en todo el territorio argentino” y solicita al Poder Ejecutivo Nacional que deje la deje sin efecto.

 

El pronunciamiento generó un encendido debate y fue votado por los bloques MPN, Adelante Neuquén, Frente Grande, Frente Neuquino, FpV, Libres del Sur, PTS-FIT, FIT y el diputado de la UCR, Alejandro Vidal.

Fue iniciativa de los bloques del Frente de Izquierda. Lagunas señaló que la resolución refleja “las ansias de reprimir de la ministra Bullrich”, medida que motivó el rechazo unánime de organismos de Derechos Humanos, como así también la presentación de una acción de inconstitucionalidad.

 

En tanto, Godoy subrayó que con la resolución “se está legitimando que disparen por la espalda”. Afirmó que en el marco del fuerte ajuste que viene aplicando el Gobierno bajo el mando del FMI contra los trabajadores y el pueblo, así como el agravamiento de las condiciones de vida de las mayorías populares, alertamos sobre las mayores atribuciones que desde el Gobierno nacional se vienen otorgando durante el último año no sólo a las fuerzas de seguridad sino también a las fuerzas armadas. Ajuste y represión van de la mano una vez más”.

 

En respaldo a la decisión de Bullrich, el diputado Damián Canuto (PRO) dijo que la resolución ministerial se adecúa a los principios básicos sobre el empleo de armas de fuego adoptado por la ONU en una reunión realizada en Cuba en 1990. Añadió que se trata de “respaldar el ejercicio de la fuerza pública que tienen a su cargo las fuerzas de seguridad” y opinó que la declaración es “puramente demagógica y electoral”.

 

El diputado del Frente Grande Raúl Podestá, fundamentó su apoyo a dicha declaración indicando que “no es la mano dura la que evita los delitos, sino las políticas económicas y sociales que permitan la contención de la sociedad, en un marco de equidad, justicia y cumplimiento con los derechos humanos”.

Por el Frente para la Victoria, la diputada Ayelén Gutiérrez sostuvo que “ninguna solución se logró con mayor represión” y pidió “garantizar los derechos constitucionales y los debidos procesos” de toda la ciudadanía. Su compañera de bloque, Nanci Parrilli, planteó que la resolución actúa en contra de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes, e implica un retroceso en la defensa de los Derechos Humanos y la democracia.

 

En tanto, el diputado Sergio Gallia (Adelante Neuquén) dijo que la decisión adoptada por Bullrich “no es acertada” y observó que hay dos elementos que rompen con el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad. En ese sentido, mencionó que ya no será necesaria “la voz de alto”, como así tampoco la existencia de una agresión previa para poder justificar el disparo. “Esto no resuelve el problema de inseguridad”, aseguró y recordó que la provincia de Neuquén descartó la aplicación del protocolo.

 

A su turno, el diputado Santiago Nogueira (Libres del Sur) encuadró la medida en “un cálculo electoral, demagogia y una alta peligrosidad para la sociedad”. Desde el Frente Neuquino, el diputado Eduardo Fuentes enfatizó que se trata de una decisión “inapropiada y políticamente incorrecta”, al tiempo que “violenta la Constitución y es contraria al Código Penal”. El diputado Alejandro Vidal (UCR) pidió al Gobierno Nacional que dé marcha atrás con la medida por presumir que carece de legalidad.