Así lo resolvió la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Neuquén que preside el diputado Gabriel Romero.

 

Los diputados y diputadas acordaron retomar como primer punto de la agenda del próximo año la propuesta para crear un Comité provincial contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradante.

Además van a remitir copia del proyecto al ministerio de Ciudadanía –cartera de la que depende la Subsecretaría de Derechos Humanos–, para que formule una opinión en la materia. Además, se cursará invitación a la Subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Comelli, para que asista a la comisión el año entrante, y dar inicio al tratamiento de la iniciativa que fue presentada hace algunas semanas por diecisiete diputados de diez bloques distintos de la actual composición parlamentaria. La misma apunta a crear un órgano autárquico y autónomo para el cumplimiento de su misión –prevenir torturas y tratos indignos–, sin recibir órdenes ni directivas de ninguna autoridad.

 

 

Romero explicó que la propuesta se enmarca en la ley nacional que creó el órgano a nivel nacional y dijo que las provincias deben crear uno propio en sus jurisdicciones. El diputado se pronunció a favor de la participación del Poder Ejecutivo provincial en la integración del Comité, pero –según dijo– será un tema a debatir. Destacó el acompañamiento por parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén y de distintos organismos sociales.

 

La diputada Ayelén Gutiérrez (FpV) destacó “la voluntad política” de alcanzar una ley con el máximo acuerdo posible. Por su parte, el diputado Eduardo Fuentes (FN) recordó que la primera propuesta en similar sentido fue presentada hace diez años y pidió “agotar las instancias” para el consenso.

 

 

Según se desprende del proyecto, el Comité estará compuesto por diez miembros, elegidos en función de su integridad moral y ética y su trayectoria en organizaciones con fines humanitarios. Tendrán un mandato, con remuneración mensual, de dos años de duración y serán designados por el Poder Legislativo a partir de una selección de postulantes propuestos por organizaciones afines. La propuesta regula los plazos y condiciones para la postulación.

 

 

Entre las principales funciones del Comité, se destacan las visitas periódicas o extraordinarias de inspección sin previo aviso; la recepción de denuncias por violaciones a la integridad psicofísica de las personas privadas de su libertad; la realización de informes; la elaboración de propuestas para generar políticas públicas en la materia y la posibilidad de entrevistar a las personas privadas de su libertad y sus familiares. Entre las atribuciones adquiridas, figuran la posibilidad de presentarse como querellantes en causas judiciales y de acceder a datos y todo tipo de información vinculada al desarrollo de su función.

 

 

Además, se fijan los lineamientos que orientarán el accionar del Comité, delimitados por los estándares de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y su protocolo adicional; la Convención Interamericana de Derechos Humanos y las normas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vinculadas a la materia.