Referentes de la CTA y de ATE presentaron un proyecto  para modificar la ley que creó el cuerpo de profesionales de la abogacía para brindar asistencia jurídica gratuita.

 

 

La propuesta reemplaza la denominación ‘Cuerpo de Abogadas y Abogados de las Personas Víctimas de Violencia de Género’ –tal como figura en la redacción actual de la ley– por ‘Oficina única de atención, asistencia, asesoramiento y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia (cualquiera sea su tipo)’. Además, se le busca dar intervención al Poder Judicial en tanto el órgano funcionará en las cinco circunscripciones judiciales de la provincia, en forma coordinada con la Subsecretaría de las Mujeres, dependiente del Poder Ejecutivo.

 

La propuesta determina, además, la integración de la Oficina en cuestión, que estará conformada por un gabinete interdisciplinario compuesto por profesionales de la abogacía, de la psicología, de la medicina y asistentes sociales. Todos ellos competentes en materia de violencia de género y derechos humanos.

 

A la vez, se propone modificar las condiciones de ingreso a la Oficina de atención. La ley vigente indica que los integrantes del cuerpo serán dignados por la autoridad de aplicación –Ministerio de Deporte, Cultura, Juventud y Gobierno, con la intervención de la Subsecretaría de las Mujeres–, en tanto la iniciativa propone el ingreso a través de concurso de antecedente y oposición. Además, prohíbe la participación de personas con denuncias por violencia, antecedentes penales, probation (suspensión de juicio a prueba y condenas condicionales) relacionadas con violencia, y/o que figuren en el RePDAM (Registro provincial de deudores alimentarios morosos).

 

Otra de las modificaciones que propone es el alcance de la Oficina, ya que añade el asesoramiento médico –que se suma al asesoramiento integral jurídico y social– y explicita que no es requisito acreditar la carencia de recursos económicos para acceder al servicio.

 

Finalmente, define el alcance del concepto de mujer entendiendo como tal a “la identidad autopercibida de la persona, independientemente del sexo asignado al momento del nacimiento, por lo que comprende a aquellas personas que sienten subjetivamente su identidad o expresión de género mujer”.

 

Los fundamentos retoman el marco normativo a nivel internacional, nacional y provincial que buscan erradicar las formas de violencia y discriminación contra la mujer y le otorgan responsabilidad a los estados en la generación de políticas públicas a tal fin.