El Comité estará compuesto por diez miembros, elegidos en función de su integridad moral y ética, su trayectoria en organizaciones con fines humanitarios, sociales y culturales, académicos, de investigación y/o ámbito educativo, y por una destacada y comprobada conducta en defensa y promoción de los derechos humanos. Se respetará la diversidad de género y étnica en su composición, así como también la representación territorial de la provincia. Los miembros tendrán un mandato de dos años, pudiendo ser reelegidos, y su remuneración mensual será la equivalente a la categoría FUA o FS2 del escalafón de la administración pública provincial.

Los integrantes del Comité serán designados por el Poder Legislativo a partir de una selección de postulantes propuestos por organizaciones afines, quienes deberán acreditar una antigüedad mínima de cinco años en su personería. Previo a la designación, se deberán publicar los datos y antecedentes de los postulantes, tanto en el Boletín Oficial como en dos diarios de masiva circulación regional, a los efectos de que la ciudadanía pueda realizar observaciones, comentarios o impugnaciones en un plazo de 20 días. Transcurrido dicho plazo, y en el término de diez días, el Poder Legislativo designará a los diez miembros correspondientes.

En otro orden, la propuesta establece las funciones y atribuciones que tendrá el Comité, siendo parte de las primeras las visitas periódicas o extraordinarias de inspección sin previo aviso; la recepción de denuncias por violaciones a la integridad psicofísica de las personas privadas de su libertad; la realización de informes; la elaboración de propuestas para generar políticas públicas en la materia y la posibilidad de entrevistar a las personas privadas de su libertad y sus familiares. Entre las atribuciones adquiridas, se destacan la posibilidad de presentarse como querellantes en causas judiciales y de acceder a datos y todo tipo de información que deberán brindar las autoridades de las que dependan las personas privadas de su libertad. Además, los miembros del Comité tendrán las prerrogativas e inmunidades previstas por la Constitución para los legisladores de la provincia.

El articulado establece los lineamientos que orientarán el accionar del Comité, delimitados por los estándares de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y su protocolo adicional; la Convención Interamericana de Derechos Humanos y las normas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vinculadas a la materia.

La iniciativa define los alcances de la concepción de ‘tortura’, encuadrando situaciones de intimidación, coacción o discriminación –entre otros tipos de acciones que impliquen dolor o sufrimiento grave, tanto físicos como mentales– ejercidas por un funcionario público o por otra persona en ejercicio de sus funciones públicas. En igual sentido, se establecen los alcances de lo que se entiende por ‘lugares de detención o encierro’, entendiéndose como tales los espacios físicos, públicos o privados, donde se pudieren encontrar personas en cualquier forma de detención, encarcelamiento o custodia sin la posibilidad de obtener la libertad por medios propios o de autoridad. Asimismo, se define la concepción de ‘personas privadas de la libertad’, constituyendo cualquier forma de detención, custodia o encarcelamiento de una persona a través de una orden judicial, administrativa o de otra autoridad pública en una institución de la que no pueda salir libremente.

Los fundamentos retoman tanto los antecedentes normativos internacionales como el nacional y provincial en la materia que implican el deber y el compromiso del Estado a adoptar políticas públicas concretas y consecuentes para la prevención y erradicación de la tortura y malos tratos. Además, recuerdan que la iniciativa fue presentada en dos oportunidades en los últimos años en la Legislatura provincial, no habiendo obtenido tratamiento parlamentario a la fecha.

El proyecto de ley N°12.285 ingresó por mesa de entradas el 6 de noviembre con la firma de los diputados y las diputadas Ayelén Gutiérrez, Nanci Parrilli, Javier Bertoldi y Guillermo Carnaghi del FpV; Eduardo Fuentes, Teresa Rioseco, Mariano Mansilla y Pamela Mucci del Frente Neuquino; Jesús Escobar y Santiago Nogueira de Libres del Sur; Raúl Podestá del Frente Grande; Gabriel Romero del Frente Renovador; Sergio Gallia de Adelante Neuquén; Juan Monteiro de Nuevo Compromiso Neuquino; Angélica Lagunas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores; Alejandro Vidal de la UCR y Raúl Godoy del PTS-Frente de Izquierda y de los Trabajadores.